Los parques empresariales fantasmas que dejó el Prestige

Para muchos sectores es difícil anticiparse a las crisis, y el inmobiliario industrial es un claro ejemplo de esto, una víctima de los arrasadores efectos de la pasada burbuja. Concretamente, se está hablando de los parques empresariales fantasma establecidos en Galicia; un proyecto respaldado con capital público como respuesta al accidente y catástrofe ambiental del Prestige hace once años, pero que hoy no es si quiera la sombra de lo proyectado, como lo expone Cinco Días.

Fue justamente en 2003 cuando la Administración estableció la sociedad Suelo Empresarial Atlántico (SEA), conformada casi en su totalidad por el Ministerio de Fomento mediante Sepes, Entidad Estatal de Suelo, y participada en un 15 por ciento la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por medio del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Su propósito era el de crear 13 parques empresariales en las zonas costeras de Galicia víctimas del desastre, pero en 2004 se firmó un acuerdo para ampliar el número de parques, pasando de 13 a 20.

Pero a la fecha, aunque prácticamente los 13 parques proyectados fueron levantados, excepto los de Laxe, San Pedro de Leixa, y A Guarda-O Rosal, tan solo hay quince compañías ocupando estas construcciones; al parecer el único que funciona bien es el de Rianxo, ocupado por siete empresas. Y es que en algunos de los parques se han presentado denuncias de hurto de alumbrado y cableado; no es para menos, pues en la mayoría prácticamente no hay nadie.

Fue el arribo de la crisis lo que frenó el interés de las compañías en ocupar estos predios. Al darse a conocer el proyecto hace diez años la oferta era superada por la demanda, pero hoy el panorama es totalmente opuesto, al parecer a las empresas ya no les interesa. Precisamente, los ayuntamientos atribuyen esta situación al elevado precio que ha establecido SEA, e instan a que se estimule la ocupación de los parques mediante estrategias de financiación y a que se tomen medidas fiscales.

La promesa inicial era que mil compañías ocuparían los parques empresariales, hoy el irrisorio volumen de ocupación deja claro que las expectativas eran demasiado altas. En total, el Estado ha destinado 85 millones de euros desde 2003 para la construcción de estas construcciones, que aunque efectivamente cuentan con una óptima infraestructura, comunicaciones y servicios, no han resultado atractivas para las empresas, aunque sí para los vándalos, que van detrás del cableado y el alumbrado.